El pasado jueves una juez de la República condenó a 25 años de prisión a John Anderson Sierra y Sebastián Obando, al considerarlos responsables de hurto y homicidio agravados en contra de la joven Ana MarÃa Chávez, a quien conocieron por Facebook.
Esta pena ya incluye una rebaja del 43 por ciento por haber aceptado los cargos. Es decir, que la condena original era de más de 46 años, pero de inmediato fue rebajada a casi la mitad de acuerdo con nuestras leyes.
Y de acuerdo con esas mismas leyes, imaginemos por un segundo lo siguiente: que por cada dos dÃas de estudio y trabajo en la cárcel se les descuente un dÃa de pena. De ser asÃ, en diez años lograrÃan rebajar cinco y ya completarÃan quince. Y como en Colombia los presos condenados pueden salir al cumplir las tres quintas partes de la pena, en este caso justamente 15 años, Obando y Sierra saldrÃan en libertad dentro de 10 años, no dentro de 25, ni mucho menos dentro de 43.
Para la familia de la vÃctima, y para sus amigos y allegados, esta pena resulta muy baja y anunciaron que van a apelar la decisión de la juez.
Pero si se tratara de una pena injusta, como opinan ellos, ¿serÃa realmente una falla de la funcionaria o de las leyes? Para mÃ, claramente es una falla de las normas a las cuales deben atenerse los jueces. En aras de descongestionar los despachos, de resolver casos, de generar cifras positivas, la justicia colombiana ha dado vÃa libre a todo tipo de incentivos y de premios a los delincuentes que confiesen, que delaten y, en muy raros casos, que reparen a sus vÃctimas.
Adicionalmente, ha abierto la puerta a acuerdos entre fiscales, deseosos de cerrar casos cuanto antes, sin investigar, y acusados, siempre listos a recibir reducciones. Y las vÃctimas en este panorama parecen quedar al margen.
Con este esquema no vale de mucho que nuestro paÃs tenga las penas más altas de América Latina. Tampoco que se les impongan condenas exageradas a ciertos asesinos no reincidentes, mientras a los paramilitares que mataron y descuartizaron a miles se les dan, máximo, ocho años.
Quizá la solución, entonces, no es aplicar penas exageradas para el tipo de crimen ni regirse por el deseo de venganza. MuchÃsimo menos la justicia por propia mano, los linchamientos o el paramilitarismo, que resultan bastante peores que la enfermedad.
La solución podrÃa ser capacitar a nuestros investigadores y fiscales, dotarlos de las mejores herramientas para que no dependan de acuerdos y de confesiones sino que, investigando, logren condenas sin rebajas. Sólo asÃ, y con un replanteamiento a fondo de la aplicación de atenuantes y reducciones, el sistema dejará de premiar más a los acusados que a sus vÃctimas, que sólo piden una cosa: que se haga justicia.
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